La Constitución del 2008 establece que todas las aguas superficiales, subterráneas, atmosféricas, estancadas o en circulación son de dominio público del Estado. Esto incluye cualquier fuente de agua que aparezca dentro de una propiedad privada, como una heredad. Porque el agua es considerada un bien estratégico, parte del patrimonio natural del país, y su gestión debe orientarse al interés colectivo, no al interés individual.
Ahora bien, pensando como estadista ante las alarmantes desproporciones conceptuales sobre el manejo de nuestros recursos hidráulicos, la ausencia de una entidad técnica, ejecutora y con músculo operativo para obras hidroagrícolas, equivalente a lo que fue CEDEGE en su mejor momento.
Señor presidente, el Ecuador enfrenta una brecha estructural en su capacidad para gestionar el agua como activo estratégico, porque el Estado perdió sin reemplazo su brazo ejecutor de infraestructura hidroagrícola. Hoy, mientras el MAATE cumple funciones regulatorias y de control, ninguna institución tiene el mandato, la maquinaria ni el músculo técnico para construir y mantener las obras que requieren Guayas, Manabí y Los Ríos para evitar inundaciones, garantizar riego y sostener la producción nacional. La ausencia de una entidad ejecutora está costando miles de hectáreas productivas, millones en pérdidas y una creciente vulnerabilidad climática. El país necesita reconstruir esa capacidad ahora.
El actual marco institucional del recurso hídrico presenta una discontinuidad funcional crítica: la autoridad rectora (MAATE–Secretaría del Agua) mantiene competencias normativas, regulatorias y de control de calidad, pero carece de atribuciones operativas para la planificación, ejecución y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola. La eliminación de entidades ejecutoras históricas como CEDEGE, CRM e INERHI dejó al país sin una unidad especializada en obras de riego, drenaje, control de inundaciones, manejo de caudales, estabilización de riberas y gestión de sistemas multipropósito. Esta brecha institucional afecta de manera directa a las provincias del Litoral Guayas, Manabí y Los Ríos donde la dinámica hidrológica exige intervenciones permanentes, maquinaria propia, capacidad de respuesta inmediata y equipos técnicos multidisciplinarios. La ausencia de una entidad ejecutora genera externalidades negativas en productividad agrícola, seguridad hídrica, resiliencia climática y continuidad operativa de los sistemas existentes. La creación de una nueva agencia hidroagrícola con competencias claras, financiamiento estable y capacidad técnica autónoma es una condición necesaria para restablecer la funcionalidad del sistema hídrico nacional.
Finalmente Reflexione y recuerde que se tiene que preparar para su segundo mandato.
Ing. Pedro Alava Gonzalez M.Sc.
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