La institucionalidad hídrica del Ecuador atraviesa una crisis estructural que no se debe a la falta de recursos ni de talento técnico, sino a un diseño constitucional equivocado que desmanteló la capacidad nacional de planificar y ejecutar infraestructura hidráulica. La Constitución redactada por una Asamblea sin formación especializada, influenciada por modelos ajenos a nuestra realidad, declaró que el agua es patrimonio nacional de uso público y que su rectoría debe ser integral, ambiental y de cuencas. El principio es válido, pero la arquitectura institucional construida alrededor de él ha sido un error que hoy paraliza el desarrollo del país.

 La Autoridad del Agua, ubicada dentro del MAATE, recibió la rectoría del recurso, pero fue reducida a un rol meramente normativo: definir políticas, regular usos, otorgar derechos y proteger ecosistemas. Se le quitaron las funciones históricas del ex INERHI, que durante décadas planificó, diseñó y ejecutó la infraestructura hidráulica del Ecuador. La entidad que debería liderar la ingeniería del agua quedó convertida en un organismo regulador sin capacidad operativa, sin cuadrillas, sin maquinaria, sin presupuesto para obras y sin facultades para intervenir en canales, ríos, drenajes o sistemas multipropósito. Es una autoridad sin herramientas, y un país sin una institución nacional capaz de construir su futuro hídrico.

Para agravar el problema, la LORHUyA entregó la construcción, operación y mantenimiento de toda la infraestructura hídrica a los GADs provinciales. Esta decisión, lejos de ser técnica, fue política y premeditada. Las prefecturas son entes 100% políticos, con autoridades que cambian cada cuatro años, sin continuidad técnica, sin visión de cuencas, sin planificación nacional y con agendas partidistas que no responden a las necesidades estratégicas del país. La gestión del agua quedó fragmentada en 24 agendas provinciales, cada una con prioridades distintas, capacidades desiguales y criterios que dependen más de la coyuntura electoral que de la ciencia. Quitarle a SENAGUA la responsabilidad de planificar y construir la infraestructura hídrica del Ecuador, y entregársela a instituciones políticas sin estructura técnica, ha sido un retroceso histórico. El agua se convirtió en botín político, en moneda de negociación electoral y en un espacio donde la improvisación reemplaza a la ingeniería. La infraestructura hidroagrícola exige técnicos, hidrólogos, planificadores, especialistas en cuencas y una visión de Estado que trascienda los ciclos electorales. No puede depender del color político de un prefecto ni de su voluntad de ejecutar obras. El Ecuador necesita corregir este diseño institucional.

 No se trata de ideología, sino de responsabilidad moral y estratégica. El agua es un recurso nacional, no provincial. Es un pilar de la seguridad alimentaria, de la energía, de la agricultura y de la resiliencia climática. Requiere una entidad nacional fuerte, técnica, permanente y con capacidad de ejecución. Cuando la política reemplaza a la técnica, el progreso se detiene. Y en materia de agua, el precio de la improvisación lo termina pagando todo el Ecuador: agricultores, ciudades, industrias y generaciones futuras. Es urgente revisar la Constitución y devolver al país una institucionalidad hídrica que responda a la ciencia, a la planificación y al interés nacional.

Señor presidente, ha llegado el momento de corregir la Constitución por el bien del Ecuador. Nuestro país posee uno de los recursos hidráulicos más abundantes y estratégicos de la región, pero hoy permanecen subutilizados, dispersos y atrapados en un modelo institucional que impide transformarlos en desarrollo. El Ecuador necesita recuperar su capacidad nacional para planificar, construir y operar grandes sistemas de provisión de agua agrícola, porque solo así podremos impulsar una nueva ola de producción exportable en los fértiles suelos que hoy, lamentablemente, están condenados a la improductividad por falta de agua. Corregir este error constitucional no es un acto político: es un acto de responsabilidad histórica. El país no puede seguir desperdiciando su potencial hídrico mientras la agricultura, la seguridad alimentaria y el futuro productivo dependen de decisiones improvisadas. Presidente, devolverle al Ecuador una institucionalidad hídrica fuerte, técnica y nacional es una obligación moral mayor. El progreso del país y el bienestar de millones de ecuatorianos depende de que usted tome esta decisión.

Ing. Pedro Alava Gonzalez M.Sc

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