Ecuador atraviesa hoy una paradoja institucional que raya en lo absurdo: mientras las inundaciones Amenazan con arrasar miles de hectáreas productivas, mientras los ríos el instante que se desborden destruirán caminos, viviendas y cultivos, mientras el país entero comprueba que sin obras hidroagrícolas no hay agricultura posible, el Estado decidió reducir al Ministerio de Agricultura y Ganadería a una simple subsecretaría, diluida dentro de una estructura burocrática que no entiende ni la ruralidad ni la producción. Es un contrasentido histórico que revela la desconexión entre quienes toman decisiones y la realidad del territorio. Porque Ecuador no solo carece de nuevas obras de riego, drenaje y control de inundaciones: también perdió la capacidad institucional para planificarlas, financiarlas y ejecutarlas. Desde la desaparición de entidades como INERHI, CEDEGE o la CRM, el país quedó sin un brazo técnico capaz de regular caudales, construir reservorios, mantener canales o proteger zonas agrícolas críticas. Y en lugar de corregir ese vacío, el Estado optó por empequeñecer aún más al sector agropecuario, como si la agricultura fuera un apéndice menor y no el corazón económico y social del país.
La decisión de fusionar al MAGP con otros ministerios fue un error conceptual que debilitó la rectoría agrícola, eliminó peso político y borró la voz técnica del sector más grande del país. Se creó una institucionalidad fragmentada, sin liderazgo, sin presupuesto y sin capacidad de respuesta. Y lo más grave: se perdió la posibilidad de articular la gestión del agua con la producción, justo cuando el cambio climático exige lo contrario. La Secretaría del Agua, que debía ser un aliado natural del agro, terminó absorbida por una lógica ambientalista que, aunque necesaria, no puede ser la única mirada. El agua no es solo un recurso para conservar: es un insumo productivo, un factor de competitividad, un elemento estratégico para la seguridad alimentaria. Sin agua regulada, almacenada y distribuida con criterio técnico, no hay agricultura sostenible ni desarrollo rural posible.
Por eso, lo inteligente y lo sensato habría sido fusionar al MAGP con BanEcuador y la Secretaría del Agua, creando un ecosistema institucional coherente, moderno y funcional. Una sola entidad capaz de planificar obras, financiarlas y ejecutarlas; de integrar la gestión de cuencas con la producción; de responder a emergencias climáticas con rapidez; de impulsar un sistema nacional de riego y drenaje que proteja al agricultor en invierno y lo potencie en verano. Esa fusión habría alineado política pública, financiamiento y gestión hídrica bajo un mismo propósito: fortalecer al sector que alimenta al país y sostiene miles de empleos. En cambio, se optó por un modelo que debilita, dispersa y burocratiza. Un modelo que deja al agricultor solo frente a las inundaciones, frente a las sequías, frente a la incertidumbre climática y económica.
Ecuador necesita recuperar la visión estratégica que alguna vez tuvo: entender que sin obras hidroagrícolas no hay productividad, que sin gestión del agua no hay competitividad, que sin institucionalidad fuerte no hay futuro rural. Reducir al MAGP fue un error que debe corregirse. No por nostalgia, sino por supervivencia. Porque un país que abandona a su agricultura se condena a sí mismo. Y porque la verdadera modernización del Estado no consiste en fusionar por fusionar, sino en integrar inteligentemente aquello que debe trabajar unido: producción, agua y financiamiento. Esa era la ruta correcta. Esa sigue siendo la ruta necesaria.
Ing. Pedro Alava Gonzalez M. Sc.
Sunrise, Fl 33322